¿El nuevo Plan de Seguridad Ciudadana incidirá en el transporte?
Juan López
La opacidad y limitadas informaciones con las que,
recientemente, el gobierno del
PRM-Abinader dio a conocer su nuevo Plan de Seguridad Ciudadana produjo
sentimientos encontrados: Niveles de positivas expectativas y pesimistas
nostalgias por los fracasados planes de seguridad ciudadana que los gobiernos
han intentado ejecutar, desde el 2003.
Las frustradas experiencias y la
perentoria necesidad de un verdadero y eficaz Plan de Seguridad Ciudadana que,
desde hace bastante tiempo, amerita la
RD, también produjeron varias interrogantes que, en los pocos datos publicados
sobre el nuevo Plan no se visibilizan
respuestas satisfactorias.
Por ejemplo: ¿El nuevo Plan de
Seguridad Ciudadana que promete implementar el gobierno del PRM-Abinader tendrá
incidencia en el peligroso y caótico transporte?
Es
preocupante el indeseable “liderazgo” que a nivel regional ostenta la RD en el ranking porque todos los
años acumula la mayor cantidad de accidentes en el tránsito vehicular
y por
las altas cifras de muertos y heridos que, con inusitadas frecuencias, se
producen en las carreteras, autopistas y calles de nuestro país.
La ineficiente aplicación del régimen
de consecuencias contra las flagrantes violaciones a la Ley No. 163-17
sobre Movilidad,
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el principal incentivo a su
irrespeto, con lo cual se refuerzan las inconductas de choferes y conductores
que, sin lugar a dudas, generan los odiosos y tediosos “tapones” en las principales ciudades, el
caos en el transporte público urbano, las peripecias de los motoristas
(motoconcho, delivery y los muchachos que “calibran”).
También estimulan las imprudencias y
abusos que cometen los grandes autobuses, patanas, “guaguas voladoras” y los carros de
conchos en su diario afán de montar o desmontar pasajeros, así como las
improvisadas paradas de autobuses y taxis.
Al promulgarse la Ley No. 163-17, hace más de cuatro años (el 21 de febrero del 2017) surgió una “luz al final del túnel” que, actualmente, está en letargo porque el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT), órgano rector en la materia, no termina de elaborar los más de 30 reglamentos que demanda dicha Ley para su adecuada y eficaz ejecución
En consecuencia, demandamos que el gobierno del PRM-Abinader incluya, en un nivel de prioridad, en el Plan de Seguridad Ciudadana medidas y acciones tendentes a imponer el respeto a la Ley No. 163-17, a los fines de reducir los accidentes en el tránsito vehicular, a través de lo cual se contribuirá con la institucionalidad y la seguridad de conductores, peatones y en la paz social que, con ansiedad, espera y necesita el pueblo dominicano en su trayecto hacia el progreso y la modernidad económica y social.