Por JUAN LÓPEZ

Con más préstamos e improvisaciones, el gobierno del PRM-Abinader trata de superar su peor  momento por el que está pasado, en sus cinco años de administración, lo cual es producto directo de:

1.- El generalizado cuestionamiento por la crisis del suministro de energía,  la pela de apagones y el aumento de las tarifas eléctricas. 2.- El alto costo de los principales productos de la canasta familiar básica.  3.- El caos en el tránsito vehicular e incrementos de los tapones, 4.- La preocupante inseguridad ciudadana y delincuencias.

5.- Por la opacidad e impunidad sobre varios ruidos por supuestos actos de corrupción. 6.- La intimación de la  JCE contra el PRM por su proselitismo extemporáneo. Y 7.- Porque la FP y PLD terminaron sus coqueteos con el gobierno y, junto a importantes organizaciones de la sociedad civil, están reasumiendo su rol de oposición política.

Simultáneamente con esos acontecimientos, se evidencia (en medios de comunicación y redes sociales) la percepción negativa e incredulidad de un amplio sector (clase media urbana) de la población con respecto al incumplimiento del cambio con las fallidas promesas electorales del PRM-Abinader, lo cual, erróneamente,  se está respondiendo con aumentos de  la deuda externa e improvisaciones,  tratando de detener el deterioro de la valoración e imagen sociopolítica que le permitió ganar las elecciones de 2024.

El gobierno ha evidenciado incapacidad para enfrentar la grave crisis del sistema eléctrico, que se refleja en los cotidianos largos apagones en  pueblos y ciudades, afectando el  desenvolvimiento de las familias, del comercio, de las industrias y del turismo; echando en sacos rotos cientos de millones de dólares en calidad de subsidio al sistema e improvisando respuestas con incoherentes subterfugios. 

La inflación oficial supera el 3.47 % acumulado, aun cuando  los reales precios de los principales productos alimentarios de la canasta familiar básica presentan aumentos continuos por encima del 7 %, lo cual se complica con el aumento de la prima del dólar que, a la fecha, supera el peso con 63.55, con tendencia a continuar subiendo.

Para enfrentar la admitida ralentización de la economía el gobierno improvisa con préstamos de 615 millones de dólares y varios préstamos más están pautados en el Congreso Nacional. También, mediante una reformulación del actual presupuesto nacional, vuelve a improvisar al, aumentando el actual déficit presupuestario incluyendo el 3.7 % del PIB para inversión de capital, en el poco tiempo que resta al 2025.

Ante los tediosos tapones, aumento de muertos y heridos por los frecuentes accidentes de tránsitos en calles y carreteras, colocando al país en primer lugar en esas fúnebres estadísticas, surge el “programa RD se mueve”, que “prohibiendo doblar a la izquierda” no da “pie con bola” y retoma su política de improvisaciones: Sustituir el súper anunciado y fracasado proyecto del “tren metropolitano” con un quimérico “monorriel de Santo Domingo” porque, supuestamente,  será más económico. 

La inseguridad ciudadana y delincuencia social, uno de los principales problemas que tienen en zozobra a la población, en tanto ponen en peligro vidas, bienes y el sosiego familiar; el gobierno improvisa la respuesta mediante “ruedas de prensas todos los lunes”, para divulgar “cifras oficiales de la reducción del índice de delincuencia, violencia y criminalidad”, que la realidad cotidiana  evidencia todo lo contrario a esas maquilladas cifras.

La campaña electoral a destiempo y violatoria de las leyes que, en junio de 2024, patrocinó el presidente Abinader con los presidenciables del PRM, se le han presentado dos situaciones: A 12 diferentes funcionarios-presidenciables, ante el abandono de sus responsabilidades el presidente les publicó un “ultimátum: detienen la campaña electoral o dejan el cargo”. Como todo siguió igual porque no se hizo ninguna de las dos cosas, la JCE se vio compelida a tomar decisión contra las crecientes actividades proselitistas de los funcionarios-presidenciables:

Mediante acto de alguacil, la JCE le dio un plazo de 10 días a todos los funcionarios- presidenciables del PRM para detener sus actividades electorales, violatorias e incluso realizadas con recursos del Estado; de lo contrario tomaría las medidas que al respecto disponen las leyes (33-18 y 20-23) y resoluciones que ha dictado el Pleno de la JCE.

Porque la opacidad e impunidad están callando las cacareadas transparencias ante los 336 expedientes de supuestos actos de corrupción que doña Milagros Ortiz, directora de la DIGEIG, ha depositado en la Procuraduría General y el Ministerio de Administración Pública y los ruidos de otros posibles actos de corrupción en INABIE, INTRANT y los Ministerios de Agricultura y Educación, se cayó la prometida lucha contra la corrupción, la impunidad y la credibilidad social.  

Además de todos esos problemas y otros más que afectan la imagen y valoración del gobierno, también se le agrega que los partidos FP y PLD están terminado sus aprestos organizativos internos, finiquitaron sus coqueteos con el gobierno y empezaron a cumplir con sus responsabilidades de contrapesos políticos con críticas objetivas y propositivas que la población le está manifestando empatía, por lo cual, el gobierno del PRM-Abinader como resultados de gestionar más préstamos, improvisaciones y malas ejecutorias está atravesando por su peor momento social y político.