Juan Lopez
Los
funcionarios y técnicos del Gabinete de Salud tienen la obligación
política y moral de completar, con eficacia,
transparencia y sin escándalos, el proceso de vacunación general para controlar
la pandemia del coronavirus (COVID-19), a más tardar en el próximo mes de
agosto.
Con dichos
resultados se consolidará la normalidad económica y social y se crearían las
imprescindibles condiciones para retornar a la educación presencial en los
niveles preuniversitarios y universitarios en los sectores públicos y privados
en todo el país.
El gobierno
del PRM-Abinader tiene que superar los desacuerdos pendientes en el Pacto
Eléctrico para ganar la confianza a fin de crear el clima apropiado para lidiar
con el importante desafío para la firma del pacto para la reforma fiscal, que
se prefiere lograr en este año para iniciar su implementación en el 2022.
Como secuela
de la COVID-19, está en cierne una delicada situación económica con aumentos de
los precios de varios artículos de la canasta básica familiar que
podría convertirse en una peligrosa inflación; que junto al creciente desempleo
y la pobreza repercutirán en mayor delincuencia e inseguridad ciudadana.
Para
lidiar con esas complicadas situaciones, al gobierno del PRM-Abinader le
urge implementar, sin demora, un verdadero Plan de Seguridad
Nacional y agilizar la prometida reforma de la Policía Nacional.
Como se
sabe, los intereses que mueven la geopolítica convierten en importantes
desafíos para el gobierno del PRM-Abinader dos cuestiones internacionales con
incidencias en la gobernabilidad RD:
a) Los
intereses económicos y políticos que, como a “las niñas de sus ojos” defiende
el gobierno de los EE.UU. en América Latina, por lo cual se mantiene atento a
los compromisos nacionales e internacionales del gobierno RD. y b) La crisis
económica, social y política que padece la vecina república de Haití, con
posible impacto en la RD, lo cual es un desafío que el gobierno del
PRM-Abinader debe poner especial atención.
Simultáneamente con
esos temas, “sin o con la proclamada independencia” de la justicia y,
principalmente, a través de la Procuraduría General, el gobierno del
PRM-Abinader está compelido a realizar acciones concretas contra la impunidad y
la supuesta corrupción de pasados gobiernos, aprovechando los
sentimientos anti-corrupción que todavía le favorecen.
Así
evitaría enajenarse a la clase media urbana que está al pendiente de ver
en los tribunales a ex funcionarios gubernamentales que, de vulnerarse el
debido proceso, se interpretaría como persecución política contra la oposición,
lo cual dificultará la firma del pacto por la reforma fiscal.
De
no obtemperar a sus reclamos, el sector de clase media que contribuyó con el
triunfo del PRM-Abinader, decepcionado le retiraría su apoyo, a partir de
lo cual desataría una campaña en medios de comunicación, redes sociales,
con toques de cacerolas, marchas y ocupación de la Plaza de
la Bandera que, inequívocamente, debilitará la
inorgánica base de sustentación popular que hasta ahora exhibe
el gobierno.
Para
preservar la gobernabilidad democrática y acumular más luces que sombras en sus
ejecutorias, el gobierno del PRM-Abinader tiene que superar las
improvisaciones, el populismo, los escándalos e incoherencias que están
proyectando varios de sus funcionarios.
También
debe lidiar contra la indisciplina y ruidos que, por herencia del PRD,
caracterizan a la dirigencia y militancia del PRM. Esto se verifica en el
desplante con ausencias de más del 40 % de los miembros de la Comisión Política
del PRM en la reunión convocada con el presidente Abinader para conocer
temas de la agenda gubernamental, el pasado domingo 11.
El
posible éxito del gobierno dependerá de la disciplina, sagacidad gerencial y
voluntad política para lidiar y superar esos y otros complicados
desafíos, siempre dentro de los parámetros de la democracia, actuando con
transparencia e institucionalidad, en los 39 meses que restan al gobierno del
PRM-Abinader. ¡Ojalá así sea!