Yoon Suk-yeol,
Seúl, Corea del Sur – En un movimiento que marca un hito político sin precedentes desde 1980, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró la ley marcial el pasado 3 de diciembre de 2024. La medida fue justificada por el mandatario como una acción necesaria para proteger el orden constitucional ante supuestas amenazas de "fuerzas pronorcoreanas" y actividades antiestatales atribuibles a la oposición política, según informó Reuters.
La situación se originó en medio de una profunda crisis política, exacerbada por la negativa de los partidos opositores a aprobar el presupuesto nacional y sus esfuerzos por destituir a altos fiscales. La ley marcial trajo consigo una serie de restricciones, incluyendo la prohibición de actividades parlamentarias, la suspensión de protestas públicas y un control estricto sobre los medios de comunicación.
No obstante, en una rápida respuesta institucional, el Parlamento surcoreano convocó una sesión de emergencia y votó mayoritariamente para levantar la ley marcial, subrayando el compromiso de las instituciones democráticas con el respeto al estado de derecho. La votación fue vista como un acto decisivo para preservar los principios democráticos del país, según reportó AP News.
La declaración ha generado un intenso debate dentro y fuera de Corea del Sur, planteando preguntas sobre la legitimidad de la medida y sus implicaciones para la estabilidad política y económica de la nación. Observadores internacionales y grupos de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto que esta crisis podría tener en las instituciones democráticas del país.
El panorama político surcoreano sigue siendo incierto, con tensiones al alza y un llamado generalizado a encontrar una solución que respete los principios constitucionales y salvaguarde la estabilidad del país.