CARD deposita denuncia en PGR por desvíos de fondos de AFP para comprar acciones

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso formal denuncia en contra del superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, por su participación en la aprobación y ejecución de la compra de más 27 mil acciones de la empresa César Iglesias, S.A., con los fondos de pensiones de los trabajadores, por un monto de 3 mil 492 millones de pesos, a pesar de que dicha empresa reportó perdidas por más de 500 millones pesos en 2022.

Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, denunció que los  estados auditados a diciembre del 2022, realizados por la Calificadora de Riesgo FITCH, dicen que dicha empresa reportó pérdidas por 575 millones 41 mil pesos y con  pronóstico negativo de mayo del presente año.

Surun Hernández indicó que se trata de un operación prohibida por la Ley 87-01, del Sistema de la Seguridad Social y sus reglamentos, por ser de alto riesgo y los involucrados pudieron haber incurrido en los crímenes de abuso de confianza agravada, asociación de malhechores, fraude bursátil y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas  por los artículos 114, 123, 126, 127, 185, 400 y 405 del Código Penal, y del artículo 351 de la Ley 249-17 de Mercado de Valores de la Republica Dominicana, por lo que solicitó a la Procuraduría General de la República investigar el caso.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso formal denuncia en contra del superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, por su participación en la aprobación y ejecución de la compra de más 27 mil acciones de la empresa César Iglesias, S.A., con los fondos de pensiones de los trabajadores, por un monto de 3 mil 492 millones de pesos, a pesar de que dicha empresa reportó perdidas por más de 500 millones pesos en 2022.

Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, denunció que los  estados auditados a diciembre del 2022, realizados por la Calificadora de Riesgo FITCH, dicen que dicha empresa reportó pérdidas por 575 millones 41 mil pesos y con  pronóstico negativo de mayo del presente año.

Surun Hernández indicó que se trata de un operación prohibida por la Ley 87-01, del Sistema de la Seguridad Social y sus reglamentos, por ser de alto riesgo y los involucrados pudieron haber incurrido en los crímenes de abuso de confianza agravada, asociación de malhechores, fraude bursátil y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas  por los artículos 114, 123, 126, 127, 185, 400 y 405 del Código Penal, y del artículo 351 de la Ley 249-17 de Mercado de Valores de la Republica Dominicana, por lo que solicitó a la Procuraduría General de la República investigar el caso.